El presente artículo es uno de los últimos escritos por Lucho Reyes, quien hace unos dás partió hacia la eternidad en un raudo vuelo, antes de su partida nos encargó que lo publicaramos sea cual fuere las circunstancias, cumplimos con elloy rendimos homenaje a este ejemplar hijo Yauyino.
(HARAVICU)
Por el Dr. Luís Guillermo Reyes Morales En el Perú resulta imperativo elevar la producción rural de alimentos, para satisfacer las necesidades alimentarias mas apremiantes de la población, principalmente de las áreas urbanas, tarea que por supuesto no es nada fácil, pues el suelo agrícola es muy escaso en nuestro país, Por ello debemos “proteger los territorio comunales para hacerlas más productivas y poder emprender el desarrollo de los pueblos de la cuencas hidrográficas, como la Cuenca del Río Mala, y así, poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.
El tema del TLC, las políticas de globalización, integración y participación ciudadana, obliga a los Consejos Municipales y Gobiernos Regionales, a brindar apoyo a las comunidades campesinas (C.C.), para plantear una agenda de debate, para emprender la producción de los territorios comunales y “no estar pensando en rematarlas para provecho de algunos”. Para tener autoridad sobre las comunidades campesinas (C.C.) es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones
Las estadísticas del año 1986, indican que existen en nuestro país 5,934 Comunidades Campesinas reconocidas (C.C), de las cuales 4,221 están inscritas en los Registros Públicos, como efecto del proceso de titulación de las mismas, que en el marco de diferentes normas legales se llevaron a cabo desde el año 1927.
Que de éstas, aproximadamente el 5%, han sido tituladas con planos antiguos que no consignan coordenadas, generando situaciones de superposición y controversias que generalmente desembocan en el Poder Judicial, creándose malestar social entre las C.C. interesadas, como por ejemplo el problema judicial de las comunidades campesinas de Tanta y Santísima Trinidad en Yauyos, tema que la ciudadanía huañina desea conocer su estado “a fin de establecer quien fue el causante de la perdida de dicho litigio y poder así deslindar las responsabilidades históricas, que estoy seguro son los mismos que actualmente pretenden negociar con cementos Lima”.
Que la escasez de recursos, el atraso tecnológico, la indiscriminada política gubernamental en materia de agricultura, que solo abre oportunidades a las grandes empresas trasnacionales y no a la pequeña agricultura, son entre otros, los factores que limitan el crecimiento agrario de las tierras de nuestras comunidades campesinas.
Que dicha realidad la graficamos cuando comprobamos que de cada 1000 niños que nacen en zonas rurales 71 mueren antes de haber cumplido un año de edad. Asimismo cuando constatamos que de cada 100 niños rurales menores de 5 años, 53 de ellos son desnutridos crónicos. Y más aún cuando verificamos que la tasa de analfabetismo a nivel nacional continúa siendo muy elevada en las zonas rurales del país.
Que, existen 5,680 C.C. que controlan el 39.8% de las tierras de uso agropecuario.
Que, las C.C. son importantes abastecedoras de alimentos para el mercado interno.
Que, las C.C. son espacios que permiten la reproducción social, cultural y económica.
Que, las C.C. son un amplio sector de la población peruana, que ha permanecido marginado por las políticas de Estado.
Que, los gobiernos locales no quieren comprender que las comunidades campesinas, son los agentes sociales más importantes en la política de participación ciudadana, y “que los alcaldes y gobiernos regionales no podrían desarrollar una autentica gestión administrativa sin su participación”.
Que, las comunidades son uno de los pocos espacios institucionales que permanecen vivas en el país, y su organización no es aprovechada eficientemente por el Estado para la ejecución de obras y programas de desarrollo social y económico.
Que, las C.C. han sido y siguen siendo agentes sociales que promueven el acceso a la educación, a mejores condiciones de salud, a la comunicación, a las vías de transporte, y a una buena administración de justicia, entre otras necesidades.
Que las C.C. son recursos humanos que han construido con sus esfuerzos e iniciativas, el mayor número de escuelas y caminos rurales, superando la inversión pública.
Que, las comunidades campesinas son un gran potencial de modernidad; cuya fuerza se encuentra trabada por las políticas discriminatorias de los gobiernos locales y regionales y del propio estado.
Acaso no es cierto que las comunidades campesinas, aún cuando no existía presupuesto ni sueldo para los alcaldes, bravos y valientes comuneros no fueron quienes a punta de barreta y pico construyeron las grandes carreteras como la de “Lima – Cochas” de la zona Nor Oeste de Yauyos, o como la de “Tinaja” de la Zona Sur de Huarochirí, y que permanecen como digno ejemplo de unidad, grandeza y esfuerzo para todas las generaciones venideras.
Que el usufructo familiar parcelario de la tierra agrícola, la herencia y el matrimonio son los principales mecanismos de acceso a la tierra
Que existe un “mercado de tierras” al interior de las comunidades campesinas, pero están fuertemente controladas por normas internas que limitan quién y cuánto compra, y poder así evitar situaciones como lo ocurrido con las ventas de tierras que realizaron las comunidades de Asia y Coayllo.
Que todos estos problemas se agudizan cuando comprobamos que las autoridades judiciales sin tener un adecuado conocimiento y manejo de las Leyes sobre C.C. dictan resoluciones jurisdiccionales vulnerando derechos inalienables que corresponde a estas comunidades, conforme veremos en otra oportunidad periodística y cuando también tratemos el caso del territorio en conflicto denominado “Ticllacocha” de propiedad de la comunidad Santísima Trinidad de Huáñec, y que sin fundamento alguno lo pretende para si, la Comunidad Campesina de Tanta. ¿Como estará ese litigio.?
Consecuentemente, debemos iniciar y desarrollar una franca política de participación de nuestras comunidades campesinas, en todas las gestiones municipales, regionales e institucionales, para cuyo efecto “debemos desterrar a los supuestos campesinos que propugnan la división entre las comunidades campesinas y desterrarlos definitivamente, y exigir al Estado Peruano que dé muestra de presencia y atención a las comunidades.”
